Medio Ambiente aprueba el puerto del jeque y obliga a comenzar las obras antes de dos años

El proyecto de ampliación del puerto de La Bajadilla presentado por la UTE formada por el jeque Al-Thani y una sociedad municipal de Marbella ha superado su último escollo administrativo. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha emitido un informe que da el visto bueno al proyecto básico, que prevé espacio para 1.221 embarcaciones.

El informe, fechado en Madrid el pasado jueves y que fue remitido a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), establece la fecha tope del inicio de las obras para dentro de dos años, concretamente el 7 de septiembre de 2014. Se trata del plazo máximo establecido para formalizar las obras e iniciar las actuaciones. Si llegada esa fecha las máquinas no se han puesto en marcha, el Gobierno daría por extinguida lo que se conoce como adscripción de aguas, la cesión de zona marítima necesaria para la ampliación del recinto.

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, ocupa siete páginas y está firmado por el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra Inaraja. El informe no hace referencia al hotel que había sido incluido en el proyecto original y que no cuenta con el visto bueno de Medio Ambiente. De hecho, un informe anterior, que no llegó a ser firmado, echaba para atrás el proyecto por este motivo.

Zona comercial

En cambio, en el documento de Medio Ambiente sí se hace referencia a los 45.000 metros cuadrados de zonas comerciales y de ocio no vinculados directamente a la actividad portuaria y a las 683 plazas de aparcamiento en superficie y 450 subterráneas previstas en el proyecto.

En relación a la zona comercial, a cuya extensión no se ponen reparos, el informe de Medio Ambiente advierte de que en la superficie de dominio público solo podrán establecerse los usos amparados en la Ley de Costas, es decir los relacionados directamente con la utilización del mar y las playas y los servicios de la actividad portuaria.

Fuentes consultadas por este periódico restaron importancia a esta limitación, e indicaron que los usos comerciales encontrarán amparo en el futuro puerto, ya que la modificación de la citada ley tramitada este año permite una lectura más permisiva de la norma.

La Ley de Costas establece que se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, aunque ampara excepciones que deben ser aprobadas por el Consejo de Ministros, que para ello puede argumentar motivos económicos.

Playas

En lo que sí resulta exhaustivo el informe es en lo relativo a la protección de las playas situadas a levante y poniente -el Cable y La Bajadilla, respectivamente-, establece en ese sentido un estricto protocolo de seguimiento para controlar la posible pérdida de arena como consecuencia de la acción de la nueva estructura sobre el entorno y obliga al concesionario a trasvasar a la playa de poniente la arena acumulada a levante. Por ello, establece que se deberá trasvasar la totalidad de la arena acumulada en la playa del Cable cuando la misma alcance los 70 metros de ancho. Los mediciones serán periódicas y comenzarán antes del inicio de las obras.

El proyecto prevé 838 amarres para yates, 360 en marina seca, dos amarres para megayates y una dársena para cruceros. Asimismo, mantiene la lonja pesquera con almacenes, pañoles y varaderos. El nuevo puerto tendría dos accesos, ya que sumaría al ya existente uno nuevo en diagonal que partiría de levante, atravesando la playa del Cable. Medio Ambiente no ha puesto reparo alguno en este aspecto.